Por Natalia Villarruel
Lucía Hamilton es estudiante de Derecho en la UBA y asesora de la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, con quien comparte el equipo que presentó el proyecto de “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas”, que propone modificar el funcionamiento de los comedores y viandas en jardines, primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, además, denuncia el mal desempeño del sistema actual como consecuencia de un negociado entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas que favorecen sus ganancias ante la calidad de la alimentación de los estudiantes. “Queremos problematizar quiénes son y qué intereses tienen las personas que están encargadas, porque su prioridad no es que los pibxs coman bien ni que la vianda les sirva para tener energía, sino ganar más plata”, explica Hamilton.
La joven de 22 años, en sintonía con su procedencia de la militancia estudiantil, reflexiona: “Si bien los temas educativos son los que más captan la atención del ciudadano, es muy difícil generar un alto nivel de indignación porque hay mucha resignación. Es un problema que siempre estuvo dado por sentado y por eso nunca hubo demasiada propuesta al respecto. Si le preguntás a cualquier persona que fue a una escuela pública y tuvo que comer ahí, en general te dice que la comida es mala”.
El proyecto de ley está inspirado en una propuesta de la Organización de Naciones Unidas que se llevó a cabo en los sistemas de alimentación escolar en otros países de la región, con una lógica que logró erradicar los altos niveles de hambre y desnutrición en esos países. La asesora comenta que tienen muy en claro que su proyecto es muy ambicioso, pero que, a su vez, es un punto de partida para discutir el tema y empezar una transformación. “Sabemos que si llega al recinto, el oficialismo, que es mayoría, va a votar en contra, y por eso apelamos a generar una agenda e interés por parte de la ciudadanía para que la presión también venga de ahí”, añade.
“La alimentación en las escuelas es uno de los ejes que Ofelia ya sabía que quería trabajar antes de ser electa, desde la memoria emotiva de cuando iba a la primaria y no le gustaba la comida”, señala Hamilton, y recuerda su reciente paso como estudiante del colegio secundario público Lengüitas, donde experimentó las mismas dificultades para acceder a una alimentación adecuada.
-A partir de los informes realizados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), desde 2015 hasta la actualidad, se ha comprobado un gran número de irregularidades en las empresas contratadas por el gobierno porteño, entre ellas intoxicaciones, entregas incompletas y sobreprecios.
-Cuando comenzamos a investigar, tarea no muy fácil en el GCBA, vimos que el presupuesto es de los más altos que hay dentro del Ministerio de Educación pero, contradictoriamente, eso no se ve reflejado en el servicio. No pudimos terminar de saber la ganancia que tienen las empresas ya que por ser privadas la regulación es muy poca, el control está descentralizado y cada escuela se tiene que encargar de eso, cosa que a veces tampoco sucede. El oficialismo de la Ciudad no asume el problema sino que lo niega, la respuesta ante el planteo es “acá está todo bárbaro”.
-¿Cómo se adjudican los servicios?
-La forma de adjudicar servicios no es de lo más transparente: las empresas de alimentos que ofertan para la licitación son siempre las mismas, las que ofertaron este año son las mismas que las de la última licitación, y todas lo hicieron con el mismo precio para ganar de igual forma que en 2018. Esto deja muy en evidencia que es un sistema armado para los amigos y amigas de funcionarios del PRO pero, a la vez, es algo que está bastante aceptado.
-¿Hay un sistema que le haga frente a estas irregularidades?
-No hay un mecanismo de sanción. En el pliego figura la sanción en caso de incumplimiento, pero no se establece cuáles son esas multas. Hay un sistema de puntaje para las licitaciones y en ningún momento el haber tenido sanciones reduce el puntaje a la hora de volver a ofertar. La empresa Lamerich, la que tiene la mayor porción del servicio, en 2020 intoxicó a 200 pibxs con los bolsones que se daban en pandemia, tiene un montón de denuncias de incumplimiento e intoxicación en varios colegios y las multas tienen valores irrisorios, como tres mil pesos, que resuelven el conflicto y hacen que todo continúe como si nada.
-El proyecto ya fue presentado y está a la espera del pase a Comisión para finalmente llegar al recinto y a la votación para convertirlo en Ley. ¿Cuáles son los ejes más importantes?
-La universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar haciendo que sea el Estado el que se haga cargo con mecanismos que vuelvan más eficiente y transparente el servicio. La gestión, a cargo de las cooperadoras de las escuelas; que reciban ellxs la plata que se les da a las empresas privadas para que contraten a lxs trabajadores. Por otro lado, busca incluir a los actores de la economía popular, así como negocios y empresas de pequeña escala con un porcentaje del 35 por ciento del total que tiene que estar adjudicado por contratación directa. Otro punto consiste en que no se pueda monopolizar el servicio en una sola empresa, garantizando que ninguna pueda quedarse con más del 5 por ciento de la totalidad del servicio.
-Contempla también la creación de una Comisión Interdisciplinaria, ¿no?
-Sí, una con especialistas, estudiantes, padres, docentes y cooperadoras para que discutan y aporten tanto en cómo se adjudica el servicio hasta las pautas nutricionales y alimenticias para la elaboración y el armado del menú. El proyecto también incluye un programa de educación alimentaria para que enseñe a comer bien, se habla de trastornos alimenticios y de soberanía alimentaria. Proponemos que los proveedores de materia prima sean las cooperativas rurales que trabajan la tierra de manera sustentable, cuidando el ambiente, sin agrotóxicos. Creemos que todas estas partes son fundamentales para generar un cambio real y una mejora notable en este aspecto de la educación.
