Por G. Reyes, C. Salvadó y L. Trotta
“Los sobornos van a parar al financiamiento de la política. Si se hace un cálculo del dinero que se utiliza en las campañas, los números no dan”, apunta Germán Emanuele, especialista en casos de anticorrupción y coordinador del área de Acción Ciudadana de la fundación Poder Ciudadano, en referencia a los funcionarios interesados en sus bienes personales como moneda corriente.
El escándalo de Odebrecht no es el primero de irregularidades en la contratación de obra pública de la historia nacional, sino solamente uno de los más recientes, entre Skanska y Skanska II (ambos todavía en investigación) y otros de menor magnitud, como los casos de las empresas Dallas Airmotive Inc., Ferrostaal AG y Telespazio Argentina, que investiga a una empresa argentina por pago de sobornos a funcionarios panameños, para operar en ese país.
Cómo debería contratarse y cómo se contrata
Buena parte de la obra pública estatal se contrata por licitación. Para contrataciones directas, existe la plataforma obrapublica.com , definida como el “portal de negocios de la obra pública en Argentina”, que es donde las empresas pueden inscribirse como proveedores del Estado nacional. Está dividida por rubros y jurisdicciones y, en teoría, para proveer cada servicio que el Gobierno necesite se realiza un sorteo. La empresa seleccionada a través de este sorteo debe presentar la documentación solicitada (patentes, seguros, permisos) y luego acceder a los planos de la obra en la que se realizará el servicio, establecer un presupuesto y exponerlo ante la agencia gubernamental correspondiente, que deberá encargarse de aprobar o no el servicio.
Martín, director de una empresa de control de plagas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), explica que “la realidad es que el sorteo nunca se realiza, uno figura dentro de la lista de proveedores pero tiene que conocer a alguien que trabaje adentro para que lo llamen”, y agrega: “Toda la presentación de papeles es legal pero el presupuesto nunca llega original a la presentación, primero pasa por el contacto que infla los precios y lo presenta como final”. Sin embargo, esa diferencia no es para la empresa sino para el intermediario.
Por su parte, Alberto, director de una empresa de servicios informáticos de CABA, comenta: “Hace varios años que trabajo con ministerios. A uno de ellos le hice un relevamiento y tenían que cambiar computadoras y redes porque estaban todas obsoletas. Necesitaban un sistema nuevo. Y me pidieron casi un 50% de sobreprecio. Tuve que salir a conseguir facturas truchas para no pagar una barbaridad de impuestos. Igual esto es un arma de doble filo. Yo necesito trabajar y lamentablemente muchas veces así es como funciona”.
Patricia, directora de una empresa de producción de eventos, precisa: “Yo muevo todo lo que es parlantes, micrófonos, vallas de contención y demás. Casi siempre para espectáculos públicos o reuniones políticas. Un día un partido político me dice: ‘Nosotros necesitamos hacer esto ¿Cuánto vale traerme e instalar todo?’ Le digo que 10 pesos. En lugar de 10, me piden 15. Tuve que facturar con ese sobreprecio y retornarle los 5 al funcionario”.
“Argentina no tiene un problema normativo. Tiene muchas leyes y organismos. El problema está en que, con el correr del tiempo, esos organismos se fueron debilitando al punto de que son casi inexistentes”, concluye Emanuele. Y cierra: “No solo no se aplican las normas sino que el sistema tampoco está funcionando. Está tan debilitado que el funcionario puede correrse de las normas porque nadie controla nada“.
