Por Constanza Almirón y Andrés Zapoc
Desde la provincia de Misiones, Margarita Meira se mudó a la gran ciudad. En Buenos Aires formó su familia. Nunca se imaginó que lo peor estaba por venir. El secuestro y muerte de su hija Susi marcaron un antes y un después. En sus ojos se pueden observar los años de lucha incansable contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Con sus pies hinchados y cansados, sigue caminando los pasillos de Tribunales y golpeando puertas en busca de justicia, como lo hizo desde el primer momento.
La historia se remonta a 1991, cuando Susana Betker, “Susi”, tenía 17 años y conoció a quien sería su novio, Luis Rafael Olivera, 25 años mayor que ella, que la convenció para que abandonara su casa en el barrio de Constitución. “Yo pensé que estaba con uno que era el novio y sabía que era un mafioso, pero no que tenía un cargo tan alto en la mafia. Después lo conocí, venía y me amenazaba, era un narcotraficante, un delincuente. Entonces, yo pensaba ‘Susi ya va a volver, porque ella no es de ese ambiente’”. Pero la joven fue captada por una red de trata de personas y jamás pudo comunicarse con su familia. Su madre salió a buscarla sin ninguna pista y tuvo que llevar a cabo su propia investigación.
Margarita lo desconocía todo sobre el tema: “Tampoco sabía que el mismo Estado es cómplice, yo iba a la Justicia y me decían que la estaban buscando. Me fui a la Presidencia, cuando estaban Carlos Menem y Eduardo Duhalde, pero me echaron, me dijeron que vaya a cuidar a mis otros hijos porque podían desaparecer”.
Luego de idas y venidas, de noches sin dormir buscando información, Margarita pudo conocer el paradero de su hija, gracias a una persona allegada a Susana. El novio la llevó a “trabajar” a dos prostíbulos conocidos de la Capital Federal: Shampoo y Cocodrilo. “Ahí estuvo mi hija”, afirma Margarita, y se lamenta: “Mi grave error fue creer que eso era un boliche bailable y pensar que el novio de Susi la llevaba a esos boliches a vender droga o robar carteras, jamás pensé que en ese lugar había trata”.
En ese tiempo, Gabriel Conde administraba Shampoo. El es hijo de Luis Conde, dueño del club nocturno, y también fue tesorero de Mauricio Macri en Boca Juniors. Mientras tanto, Cocodrilo estaba vinculado a Raúl Martins, ex agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). “Martins es el capo de todos los prostíbulos y Lorena Martins, la hija, me vino a hablar y me dijo: ‘Yo te vengo a contar quién es el dueño del prostíbulo donde estuvo Susi, es mi papá y es socio de Macri. Yo le llevaba la plata a Macri”, afirma la fundadora de Madres Víctimas de Trata, que asegura que “todo eso está denunciado” en la Justicia y fue publicado en varios medios de comunicación, a partir de la denuncia de la hija de Martins.
Un año después de su desaparición, Susana apareció muerta en el departamento de su novio. “Me enteré de su muerte gracias a un taxista que escuchó hablar a dos pasajeros que eran dos mafiosos del boliche y comentaron sobre la muerte de ella y recién ahí supe que era mi hija de la que hablaban y pude retirar el cuerpo. En esos días lloré y caminé mucho, mucho”, recuerda.
La muerte, según el informe policial, se produjo por “inhalación de monóxido de carbono”. En la causa no hubo ningún procesado ni detenido, la familia de Susana no tuvo dinero para seguir investigando y la causa prescribió.
Las madres de las víctimas
“Esta lucha es muy dura, muy difícil”, expresa Margarita con resignación, mientras toma fuerzas para memorizar y contabilizar las amenazas que recibió en los treinta años de militancia contra la trata, desde la desaparición de su hija. Hasta intentaron asesinarla.
”Me tirotearon la puerta de mi casa, me colgaron un cartel que decía: ‘Cerrado por duelo’. En 2018, cuando llegué de recibir el premio ‘La Donna dell’Anno’(la Mujer del Año) en Italia, me mandaron un sicario, justo en el momento en que repartimos comida para las personas que asisten al comedor que tenemos. Tuvimos la suerte de que hubo un solo tiro y se le trabó el arma”, asegura. Sospecha que el sicario era un policía: “Volvió a buscar el casquillo de la bala, y eso es lo que hacen los policías para que no se sepa de quién era el arma que disparó”.
Los rescates de las víctimas también pueden ser situaciones de riesgo. “Hace poco rescaté a una mujer de un prostíbulo y tuve que entrar con policías que tenían chalecos antibalas. Eso es peligroso porque ahí los custodios y los mismos proxenetas están armados. No es fácil”, relata. Existen distintas estrategias para concretar un rescate. Algunas veces, cuenta Margarita, “mandamos supuestos clientes y ellos mismos sacan a las víctimas. Otra modalidad es cuando una persona pide los denominados ‘domicilios’ (donde hay oferta sexual). En el lapso en que la mujer queda con el ‘cliente’ dentro del edificio o casa, nosotros entramos y la salvamos, sin que la custodia nos vea”.
Sin dar nombres y cargos, Meira describe cómo actúan la Justicia y la Policía en el país. “Los juzgados miran para otro lado y a la policía le queda ir a pedirle ‘dos pesos’, porque al efectivo que denuncia, lo echan”. Precisa que los rescates exitosos se realizaron gracias a los datos suministrados por personal de la fuerza: “El propio policía me dijo en tal prostíbulo y tal provincia, en tal dirección, está. Andá, sacala, tráela, sin hacer la denuncia”.
-¿Cuántos lugares de explotación sexual hay en la Argentina? –No tenemos un registro preciso, contamos con los datos que nos brindan choferes de colectivos, de correo y camioneros. Calculamos unos 30.000 prostíbulos en todo el país y unas 25.000 mujeres secuestradas, menores y mayores de edad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene alrededor de 1.300 prostíbulos.
La mayoría de los prostíbulos, agrega, funcionan en la Capital Federal, en las zonas turísticas, en las carreras de autos y en los festivales nacionales.
Por la pandemia, las redes de trata modificaron su accionar. Los proxenetas utilizan las redes sociales “para generar plata ofreciendo sexo por internet o a través de una webcam. Eso es peor que una violación por hombres, las mujeres quedan totalmente lastimadas”. Margarita cuenta que hizo un pedido a la Cancillería para proponer un acuerdo entre todos los países para prohibir las páginas que reproducen contenido sexual de manera ilegal.
Un informe realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) afirma que la trata de personas produce 32 billones de dólares por año y es la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo. Meira estima que un prostíbulo produce “dos millones de pesos por día”. “El prostíbulo es terrorismo de Estado porque ahí violan a nuestras hijas entre veinte y treinta hombres por día. Las drogan, las alcoholizan y cuando el cuerpo no resiste las matan, y con la complicidad de los fiscales la entierran como NN”, dice Meira.
En la Argentina se realizan los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) desde 1986, pero Margarita señala que a su organización le costó veinte años incluir el taller de trata sexual en la agenda. En 2017 pudieron participar y en 2019 realizaron en Chubut el Encuentro Nacional Contra la Trata Sexual. “La lucha es muy dura porque tenemos a las proxenetas de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) haciendo propaganda de prostitución. Dicen que son trabajadoras sexuales y que tienen un sindicato de trabajo. Eso es totalmente mentira y es la complicidad del Estado para seguir con los prostíbulos abiertos, porque en la Argentina no puede haber un sindicato de trabajadoras sexuales, porque lo prohíben los tratados de derechos humanos”.
En la legislación argentina existe una línea muy delgada entre lo legal e ilegal. La prostitución por cuenta propia es legal, pero el autopercibirse como trabajadora sexual, aludiendo a una ganancia de dinero, es considerado propagandismo sexual, que está penado por la ley: “Eso hace que las pibas se enganchen, por eso lo hace AMMAR porque así las pibas dicen: ‘Yo voy, soy puta, trabajo y hago buena plata’, y entonces quedan enganchadas y no salen nunca más”. Sobre este tema, Margarita recuerda que María ‘Malu’ Lopez Villagra, de AMMAR Mar Del Plata, fue condenada en 2019 a cuatro años de prisión por el delito de facilitación de la prostitución. Meira denuncia que las mujeres que se prostituyen en la vía pública tampoco están por su propia cuenta, sino que tienen el “fiolo” (explotador sexual) que se queda con un porcentaje de la ganancia y a AMMAR que les cobra coima.
Una campaña solidaria
La organización Madres Víctimas de Trata, que preside Meira, funciona en una casa alquilada en el barrio de Constitución. En el mismo lugar, hay también un comedor comunitario que gestiona Margarita hace más de treinta años. El dueño de la casa había puesto en venta la propiedad y el desalojo debía ser casi inmediato. Cuando ya no había esperanzas, el influencer Santiago Maratea decidió comenzar una campaña solidaria. Pidió ayuda a sus seguidores de redes sociales para recaudar dinero y evitar el desalojo. En principio, el objetivo era llegar a los 2 millones de pesos para cubrir gran parte de la suma necesaria, pero la historia de lucha de Margarita conmovió a los usuarios de Instagram y en menos de 24 horas recaudaron 8 millones de pesos. “Santi Maratea visibilizó la trata sexual en muchos jóvenes, él mismo me pidió disculpas por no saber de la asociación y el trabajo que venimos haciendo”, expresó Margarita. Además, resaltó que una vez que la colecta se viralizó en los medios de comunicación “explotaron los teléfonos de los canales de televisión para que vengan a hacerme notas y que cuente cómo es el trabajo de Madres de Víctimas de Trata”.
