Por J. Montesino Matte, R. Forlenza y V. Van Nieuwenhove
La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del narcotráfico y el tráfico de armas, ya que moviliza miles de millones de dólares al año. Gran parte del comercio sexual es desarrollado por organizaciones criminales que funcionan en connivencia con la corrupción de funcionarios públicos que, a nivel mundial, encubren o participan activamente de estos crímenes de lesa humanidad, de los que mujeres y niñas son víctimas mayoritarias.
En los primeros veinte años del siglo XXI, las organizaciones antitrata detectaron la existencia de tres esferas de protección involucradas. La primera se compone de las fuerzas policiales y de inspección, que acuerdan montos de dinero con los proxenetas para facilitarles la actividad. La segunda esfera es la político-judicial, compuesta por funcionarios y jueces que han llegado a hacer acuerdos societarios con espacios y redes de trata. La tercera esfera se compone de empresarios y millonarios que se relacionan estrechamente con actividades ilícitas.
El tráfico de personas representa una de las economías informales con mayor rentabilidad. A nivel internacional, la explotación laboral genera aproximadamente 150 millones de dólares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, cada año, 21 millones de personas son explotadas con fines de trabajos forzados y 4,5 millones son víctimas de la explotación sexual, según datos de 2019.
Como remarca el informe “La trata sexual en Argentina”, difundido en mayo de 2021 por el el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), “desde la implementación de la ley de trata (en 2008), afloraron diversas discusiones y debates en torno a la competencia jurisdiccional de los casos”. Allí confluyen dos cuestiones centrales: “Por un lado, la mayoría de los casos son recién investigados en la instancia de explotación, donde si bien pueden encontrarse casos de trata, lo cierto es que evidentemente son casos de explotación sexual. Ello supuso, y supone, una disputa entre jurisdicciones por la competencia”.
Según el mismo informe, “otro de los puntos a considerar es el rol que cumplen lxs funcionarixs públicxs en el mercado criminal de la trata y explotación sexual. En quince de las cincuenta y cinco sentencias analizadas, lxs jueces/juezas detectaron como una dimensión de explotación la presencia de funcionarixs policiales o funcionarixs públicxs“.
No obstante, sólo en cuatro casos se ordenó una investigación posterior para analizar y sancionar a los funcionarixs involucradxs. Los delitos de corrupción de agentes del Estado hacen posible, muchas veces, que los miembros de las organizaciones criminales tengan garantizada su impunidad. Cuando esas organizaciones son desactivadas, lxs funcionarixs que permitieron su funcionamiento y reproducción pocas veces son investigadxs. “En muchos de los casos, existen organizaciones criminales en condiciones de ejercer un considerable poder político y/o económico que actúa en connivencia con funcionarixs públicxs, entre ellos las fuerzas policiales. Esta cuestión se ve reflejada en las entrevistas de lxs propixs fiscales”, señala el informe de INECIP.
Se explica que se ha llegado “a detener a policías, o ex policías, que pasan a cobrar semanalmente” un dinero pactado con los proxenetas. “Entonces se nos frustraban los primeros allanamientos porque se enteraban (los proxenetas). Hemos allanado departamentos que los vaciaron totalmente antes de que llegáramos. Entonces, fue una solución o un paliativo (…) trabajar con policías que no tuvieran jurisdicción (…) permanente en el lugar bajo sospecha“, dijo un fiscal provincial cuya identidad se reserva en el informe.
Otra fuente judicial, denominada en el informe como “fiscal federal 6”, dijo que hasta llegó a “recibir críticas por decir que encontró otro eslabón” del mismo grupo criminal. Afirmó que le decían: “Ah, no, pero estás dilatando la investigación”. ¿Cómo voy a estar dilatando cuando estoy buscando a un integrante de la misma organización?“.
