Por Camila Mitre
A menos de 48 horas de las PASO y en medio de manifestaciones que tienen en vilo a todo el país, el juez federal Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los efectivos de Gendarmería involucrados en la causa de desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado en 2017. El magistrado reforzó en este fallo lo mismo que ya había sostenido cuando se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia.
“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí́, él, solo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, explica el extenso documento que exonera a Emmanuel Echazú, Marcelo Ferreyra, Víctor Vaquila y Juan Pablo Escola, los cuatro gendarmes que habían estado implicados en el caso.
Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de participar en una manifestación de la comunidad mapuche en la región chubutense de Cushamen. Estaban reclamando por la detención de un líder mapuche y por la ocupación de tierras ancestrales. Durante la protesta hubo un enfrentamiento con la Gendarmería Nacional. Luego de casi seis años de litigio, el juez del Tribunal 2 de Rawson decretó que “negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.
El país atraviesa una semana completamente convulsionada por diferentes hechos vinculados a las fuerzas de seguridad, que infieren en el debate político de cara a las elecciones nacionales. El miércoles, una nena de 11 años fue asesinada producto de un hecho de inseguridad en Lanús y dio como resultado movilizaciones para exigir esclarecimiento. Ayer, la policía de la Ciudad reprimió a las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular que se manifestaban pacíficamente en el Obelisco. El resultado fue la muerte del militante Facundo Molares y la detención de seis de sus compañeros, seguido de una vigilia y más concentraciones por pedido de justicia.
María del Carmen Verdú, abogada y representante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtió: “Esta ha sido una campaña que lo único que tuvo fueron promesas de pérdida de derechos y de más represión: las pistolas Taser, la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, la pena de muerte. Se trata de una muestra clarísima y transparente de lo que nos espera a partir de diciembre si no logramos frenar esta oleada reaccionaria y antidemocrática”.
