Por Joaquín Benítez Demark y Ornella Luce Velanovsky
En febrero de 1984, en un clima de una democracia desdibujada y frágil, el presidente Raúl Alfonsín promulgó la reforma del Código de Justicia Militar. Un tribunal civil les dio 180 días a los jueces castrenses para que investigaran la existencia de delitos violatorios de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Un año después, el 22 de abril de 1985 comenzó un juicio sin precedentes en el país y en el mundo.
Los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo fueron los encargados de llevar ante los jueces las pruebas que demostraban que el llamado Proceso de Reorganización Nacional impuesto por las Fuerzas Armadas, lejos de traer orden a la sociedad, habían utilizado el secuestro, la violencia y la desaparición de personas como vehículos para instalar un régimen del terror en el país. Durante 530 horas de audiencia, 839 testigos y víctimas denunciaron las sistemáticas persecuciones, secuestros y torturas que vivieron dentro y fuera de los centros clandestinos de detención.
El del Juicio a las Juntas fue un escenario plagado de símbolos y representaciones de la encrucijada política que vivía la Argentina, en donde se impusieron la verdad y la construcción de una memoria colectiva. Testimonios como los de Adriana Calvo, Iris Avellaneda y Pablo Díaz ayudaron no solo a demostrar la culpabilidad de los militares, sino también a abrir los ojos de una sociedad que había sido en gran parte víctima del silencio y el engaño sobre los hechos atroces que cometió el Estado durante casi ocho años.
HISTORIAS Y TESTIMONIOS
Adriana Calvo fue secuestrada junto a su marido en febrero de 1977, cuando tenía seis meses de embarazo. Luego de semanas de torturas, el 15 de abril comenzó su trabajo de parto en las condiciones más hostiles para cualquier mujer. Sin contención médica y en la parte de atrás de un patrullero, nació su hija Teresa. La beba cayó al suelo en el momento del parto. Calvo suplicó a los militares que la levantaran del piso del auto, pero ninguno lo hizo.
Pablo Díaz, sobreviviente del operativo contra estudiantes secundarios de La Plata conocido como la Noche de los Lápices, fue secuestrado y torturado junto a otros nueve compañeros por los grupos de tareas del circuito comandado por el general Ramón J. Camps entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976. Hoy, Pablo es uno de los grandes referentes de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Iris Avellaneda relató en el juicio las atrocidades que vivió en “El Campito”, el centro clandestino de Campo de Mayo. La noche de su secuestro, su hijo Floreal “El Negrito” Avellaneda fue llevado junto a ella, pero luego los separaron. Cuando recuperó su libertad, Iris se enteró de que su hijo había sido torturado y arrojado a las aguas del Río de la Plata en uno de los denominados vuelos de la muerte. Su cuerpo fue encontrado en Uruguay, justo el día en que debía haber cumplido 16 años.
UNIFORMES Y PAÑUELOS
Un traje militar completo, como los que usaron los jefes en el Juicio a las Juntas, está compuesto por un pantalón, un saco de tela dura y una gorra. Además, distintivos, condecoraciones, placas, cruces, medallas, divisas y emblemas. Algunas insignias representan el cargo militar, otras se otorgan por mérito o años de servicio, y unas pocas son condecoraciones colectivas.
Con excepción de Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, que vistieron de civil, todos los militares acusados en el juicio vistieron su uniforme. Allí frente a los jueces, allí de espaldas al público, como quien no olvida de dónde viene, ni por qué, algo que tampoco pretende dejar olvidar.
Un pañuelo como los que no les dejaron usar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante el Juicio a las Juntas está compuesto por un trozo de tela blanca, en muchos casos recortes de los pañales de hijos o nietos. Un fino hilo azul dice “Aparición con Vida de los Desaparecidos/Madres de Plaza de Mayo”.
La película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, muestra que el primer día de juicio, por pedido de la defensa de los militares acusados, los fiscales Strassera y Moreno Ocampo se acercaron a los bancos donde estaban sentadas las Madres, con el pañuelo cubriendo sus cabezas, para pedirles que se los quitaran, porque no estaba permitida la alusión a ningún “símbolo político” dentro de la sala de audiencias. Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 35 años después recordó su reacción de ese día: “Si los milicos están con la gorra, ¿por qué no puedo estar yo con el pañuelo?”. Ese día, Hebe, que había escondido uno de los pañuelos en su ropa interior, se mantuvo toda la jornada con su “símbolo” en el pecho.
LA PALABRA DE DIOS
Videla se negó a declarar por primera vez en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, un lugar de enormes ventanas con vitrales y crucifijos, con asientos parecidos a los de una iglesia. La figura de Dios y de la Biblia tuvieron un lugar fundamental en el desarrollo del juicio, así como lo tuvo la Iglesia católica durante la dictadura cívico-militar.
La Iglesia estaba dividida y con ella la postura ante los crímenes. El terrorismo de Estado no se detuvo en las puertas de los edificios sagrados. El 4 de julio de 1976, cinco sacerdotes palotinos fueron asesinados en el barrio de Belgrano en lo que se conoce como la Masacre de San Patricio. Eran considerados subversivos por ser “curas obreros”, ya que alternaban las tareas del sacerdocio y el trabajo territorial en barrios populares. Videla culpó a las organizaciones guerrilleras por estos crímenes y el Ejército emitió un comunicado del Comando Zona que sostuvo que “el vandálico hecho demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios”.
A estas muertes en manos militares le siguieron los asesinatos de los religiosos Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Enrique Ángel Angelelli Carletti, sacerdotes y obispos riojanos, y Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás. Otros casos no se han resuelto o no han tenido sentencias firmes, como el secuestro de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes estuvieron detenidos en la ESMA y luego fueron liberados.
LA SENTENCIA
El 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal conformada por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma dictó sentencias condenatorias para algunos de los acusados. Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; Roberto Viola a 17 años de prisión, y Armando Lambruschini a 8 años de prisión. Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
