Por Constanza Berdún y Martina Gutiérrez
Los informes de los organismos de control y las declaraciones de los sindicatos de prensa coinciden en señalar un escenario de conflicto y restricciones al ejercicio de la actividad periodística en el país. Esta situación se enmarca en las modificaciones que el Poder Ejecutivo aplicó a la comunicación estatal, que incluyen la suspensión de la pauta oficial, el uso de plataformas digitales propias y la interacción directa con algunos periodistas. Frente a los reportes de los sectores de prensa, la gestión de gobierno fundamenta sus medidas en criterios de reordenamiento de recursos y desintermediación informativa. Al respecto, Liliana Franco, periodista acreditada en Casa Rosada y con una trayectoria de más de tres décadas, señala las implicancias prácticas de la postura oficialista. “A este gobierno no le gusta el periodismo, y por lo menos no son hipócritas, te lo dice el Presidente en la cara, lo que pasa es que el periodismo es una de las partes de la democracia”, afirma.
El Informe Anual del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) registró 278 agresiones contra la prensa en 2025, lo que representa un aumento del 55 por ciento respecto del año anterior y la cifra más alta desde el inicio de sus mediciones en 2008. Según el documento, el Poder Ejecutivo Nacional se ubicó como el principal emisor de estos ataques con 119 casos, de los cuales el 85 por ciento correspondió a discursos estigmatizantes y descalificaciones ejecutadas por el Presidente de la Nación. “El discurso confrontativo en buscar un enemigo en la política siempre funciona, pero una cosa es el discurso y otra cosa es el fastidio que les produce a todos los políticos y otros sectores, porque el rol genuino y auténtico del periodismo es preguntar, no aceptar lo que dicen como si fuera una verdad”, argumenta Franco.
Asimismo, Fopea señala la existencia de un “cepo silencioso” sustentado en un incremento del 150 por ciento en los hostigamientos de índole judicial, 28 restricciones formales a los pedidos de acceso a la información pública, la quita de la pauta oficial y medidas directas en la Casa Rosada, tales como el bloqueo de acreditaciones a profesionales y el cierre de la Sala de Periodistas. Para Franco, el “acceso de los periodistas a los funcionarios en Casa Rosada ha ido limitándose cada vez más, gobierno a gobierno hemos ido perdiendo libertad de acción, de acceso. Pero nunca nos había pasado que directamente nos tengan encerrados, sin poder ir al patio de Las Palmeras o que se fijen cuando vamos al baño, es la peor de las épocas porque no podemos trabajar“.
Este diagnóstico coincide con el de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expone en sus balances un estado de tensión institucional y describe dinámicas de hostigamiento digital hacia los cronistas en las plataformas de redes sociales, un fenómeno sobre el cual Franco añade: “Es una tensión histórica, pero también hoy en día con los algoritmos también se generan, se amplifican y se fortalecen los antagonismos”.
Por su parte, en el plano de la seguridad física y las condiciones laborales, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) reportaron en su informe sectorial un incremento del 66 por ciento en los casos de agresiones físicas e institucionales con los trabajadores de prensa durante coberturas de manifestaciones en la vía pública, sumado a una reducción de los puestos de trabajo en los medios de comunicación.
Edición: Mariana Fabris