Por Jon Zabala y Ana Jones
El Ministerio de Salud de la Nación interrumpió la distribución de medicamentos e insumos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la anticoncepción durante 2024 y los primeros nueve meses de 2025. Según registros oficiales de la cartera de Economía analizados por el portal periodístico Chequeado, la entrega de mifepristona y misoprostol cayó un 100% en comparación con 2023, año en el que se distribuyeron 106.737 tratamientos en el país.
La falta de provisión estatal se extendió a la canasta de salud sexual y reproductiva. Un informe de Amnistía Internacional Argentina titulado “También es por vos” consigna que la distribución de preservativos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo disminuyó un 81% entre 2023 y 2024. Esta situación derivó en desabastecimiento de misoprostol en más del 50% de las provincias, y faltas de mifepristona y del formato combinado (combipack) en casi la totalidad del territorio nacional. La línea 0800 de salud sexual recibió 191 reclamos específicos por falta de insumos, mientras que las denuncias por obstáculos legales para acceder a la IVE aumentaron un 300% durante 2025.
El sistema de salud argentino funciona mediante una cadena de suministros donde el Estado nacional abastece a las provincias, éstas a los municipios y aquellos a los centros de atención primaria. Ante la parálisis de las compras centrales, las administraciones provinciales y municipales asumieron los costos con fondos propios para sostener el stock. En el sector comercial, el valor de una caja de misoprostol en farmacias alcanza los 100.000 pesos. El Ministerio de Salud de la Nación argumentó que la falta de entregas respondió a demoras administrativas en los procesos de licitación pública.
Estela Soage, médica e integrante de la comisión de comunicación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, explica la dinámica: “Desde el 2024 y hasta la actualidad, ese recurso fue disminuyendo progresivamente, igual que la provisión de métodos anticonceptivos y diversos materiales para la información y difusión, prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Al disminuir los insumos desde el Estado nacional, fueron las provincias y los municipios quienes tuvieron que asumir la compra y distribución”.
La especialista señala la vulnerabilidad en el sistema de atención primaria: “Son estos los que primero se desabastecen y luego los hospitales. En muchos casos se ven desbordados. Los centros de salud dependen de los municipios y de las provincias. De tal manera que, si en el hospital no hay insumos, en los centros de salud, tampoco habrá“.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir realiza relevamientos internos mediante los reportes de sus integrantes en cada provincia. De acuerdo con estos monitoreos, dos variables determinan el acceso al servicio: los recursos económicos de cada jurisdicción y la postura política de las autoridades locales frente a la ley de IVE/ILE.
Las consecuencias de la falta de insumos preventivos impactan en la demanda de intervenciones. En Tierra del Fuego, la interrupción en el envío de implantes anticonceptivos subdérmicos generó un incremento en las consultas para la realización de abortos. En Córdoba, profesionales del sistema público informaron que la carencia de anticonceptivos para el periodo post evento obstétrico impide completar el protocolo de atención integral.
Al evaluar las causas del estado actual del sistema, Soage concluye: “Las políticas públicas son el motor de todo. Cuando se desfinancian los programas, se cuestiona su utilidad y se abandona total o parcialmente su implementación, la logística se desmorona. Por eso es necesario seguir tejiendo redes, que sostengan con compromiso y voluntad, lo que decae por el abandono de los responsables que, por ley, deberían asegurar el cumplimiento de las prácticas”.
Según fuentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en algunos municipios no hay problemas con respecto al personal, ya que los equipos de atención primaria lo realizan y en principio no tuvieron demanda contenida. De igual manera, los procedimientos quirúrgicos son realizados por la residencia.
Sin embargo, el conflicto no se resume únicamente a la falta de insumos, también existe una carencia de personal capacitado. Ana Lopez, psicóloga de una unidad sanitaria de La Matanza, asegura: “Somos un equipo conformado por una psicóloga, una trabajadora social, una ginecóloga y una psicóloga social. Tenemos también la colaboración de una médica generalista. Creo que somos el único equipo tan completo de toda la provincia“. Asimismo, explica que en la sala tienen una logística para que no falte medicación, a veces entregan las dos drogas, otras sólo misoprostol.
Cuando no hay suficientes fármacos, trabajan en base a las 12 semanas que hay para garantizar una interrupción en forma ambulatoria. “La situación en que se encuentra la mujer, si puede esperar o tiene que ser derivada al hospital, no es cosa sencilla, ahí se evalúa la situación”, declara Lopez, y agregó: “Hay más demanda, menos equipos que trabajan, por lo menos en el municipio en el que estoy yo renunciaron un montón de psicólogas y trabajadoras sociales, eso recarga mucho sobre los trabajadores que quedamos”.
Edición: Rocío Lastra