Por Mariana Fabris
En febrero de 2026, monseñor Gustavo Carrara se paró ante los micrófonos junto a trabajadores sociales y referentes barriales para decir lo que la Iglesia argentina lleva dos años intentando que alguien en el Gobierno escuche: más de cinco millones de personas que viven en villas y asentamientos están siendo abandonadas por el Estado.
El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina no habló desde un púlpito. Habló desde una conferencia de prensa. La diferencia no es menor.
El decreto 312/2025 del Poder Ejecutivo disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y redujo el personal de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de 585 a 290 trabajadores. A partir del 1° de marzo, el organismo quedó inoperativo. Más de setecientas obras se encuentran paralizadas y la suspensión del programa “Mi Pieza” afecta a más de 11 mil personas.
Lo desmantelado no era una creación de la gestión anterior, era una política de Estado vigente desde 2016 y ratificada por unanimidad en el Congreso en 2018. Una ley. Una obligación constitucional.
El primer golpe había llegado antes. En febrero de 2024, el gobierno redujo al 1 por ciento la porción del Impuesto PAIS destinada al FISU. Los movimientos sociales pasaron de recibir el 9 por ciento al 0,3. Los curas villeros respondieron de inmediato: “No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro que impacta a más de cinco millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.
Carrara fue más directo aún: “En un país con el 60 por ciento de pobres, donde la pobreza es multidimensional, un error puede convertirse en una verdadera catástrofe a mediano plazo”.
Mientras los decretos se firman en la Casa Rosada, Cáritas sostiene una red de 40 mil voluntarios. Sus acciones van desde la entrega de alimentos y apoyo a comedores comunitarios hasta espacios de primera infancia y apoyo escolar. La colecta anual 2025 alcanzó más de 3.000 millones de pesos. Una cifra que impresiona hasta que se la mide contra la escala del problema; de cada diez pesos que se destinaban a programas sociales para jóvenes y adultos, cuatro han sido recortados.
“La situación es angustiante. Antes se acercaban al comedor personas en situación de calle, personas con adicciones. Ahora llegan familias del barrio”, declaró la coordinadora de un comedor en Recoleta. “Nosotras tenemos la suerte de contar con asistencia adicional de varios colegios de la zona. Pero aún así, hay días que cuesta atender a todos.”
Los sacerdotes villeros lo describieron sin eufemismos: “Trabajadores formales del Estado fueron despedidos y no encuentran empleo. Muchos trabajadores de cooperativas dados de baja han caído en la indigencia”.
Carrara no se engaña sobre los límites de la caridad. Citando a Francisco, dijo en agosto de 2025: “No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo”. Y remató: “Hay un clima de violencia que puede terminar en acciones concretas y en la calle”.
La declaración “Sin integración sociourbana no hay futuro”, impulsada por la Mesa Nacional de Barrios Populares, reunió más de doscientas adhesiones entre sindicatos, universidades, el Conicet, la Uocra, la Pastoral Social. No es la Iglesia sola. Es la Iglesia como articuladora de una alarma que el gobierno prefiere ignorar.
En las villas, los curas y las voluntarias organizan lo que pueden: el plato de comida, el techo, la palabra que no juzga. Lo hacen donde el Estado decidió no estar.