Por Ana Jones
La situación en los barrios populares se volvió cada vez más complicada en los últimos años. Con políticas de ajuste y falta de suministro de bienes esenciales, las villas miseria de todo el país se vieron ante la necesidad de reinventar su cotidianidad para sobrevivir.
Testimonios de los vecinos cuentan cómo se extendieron las filas en los comedores, aseguran que se volvieron a ver carros llenos de cartones por las calles internas de los barrios por la desocupación, y muchos niños y adolescentes solos porque sus madres tienen que trabajar y no cuentan con los recursos necesarios para tener a alguien que los cuide.
Como beneficio social reciben la Asignación Universal por hijo (AUH), una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. Según los índices del INDEC, la AUH se encuentra en $144.931 por mes, mientras que la AUH por discapacidad el valor asciende a $471.914 mensuales.
Los índices de salario mínimo real están en su punto más bajo de los últimos 10 años. El plan Volver al Trabajo o de Acompañamiento Social, ex Potenciar Trabajo, desde su creación en 2020 (Fuente INDEC), se encuentra en baja constante desde 2024 . La economía de los excluidos, esta resistencia económica frente a la exclusión social y la imposibilidad de acceder a un empleo digno se agiganta día a día en todos los barrios populares.
Valeria Rafasquino, militante de El Hormiguero, organización que trabaja desde hace 10 años en el barrio Ciudad Oculta de Villa Lugano, cuenta que se autogestionan con rifas y un taller textil donde se confeccionan prendas que se le ofrecen a sus familiares o compañeros de trabajo para poder hacer algo de dinero. “Es todo un poco a pulmón”, afirma.
Aunque El Hormiguero no tiene comedores propios, el barrio cuenta con un espacio de apoyo escolar que funciona los martes de 17 a 18:30, donde también se sirve la merienda a los chicos que asisten. A su vez tienen una radio comunitaria en Villa Soldati, donde organizan eventos. Sus recursos son escasos, aunque cuentan con médicos, abogados y docentes que asisten en temas de salud, legales y educación.
El Padre Francisco “Paco” Oliveira, trabajador del asentamiento barrio Esperanza en Merlo, Provincia de Buenos Aires, cuenta que en el último año se profundizó el aumento de las adicciones y el endeudamiento de los vecinos con las billeteras virtuales. Los problemas de salud mental también se incrementaron y se acentúan con las condiciones con las que conviven los vecinos en los barrios de emergencia. “Nos cuesta todo porque el gobierno desfinanció todas las políticas públicas, desde el mejoramiento de viviendas, los mejoramientos en los barrios, los comedores. Nos quitaron los abogados, los odontólogos, entonces es imposible que uno pueda responder a todas estas necesidades”, describe el sacerdote.
Los ingresos y recursos con los que cuentan son principalmente del Estado, gracias al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que obligaba al Ministerio de Capital Humano a garantizar el derecho a la alimentación de quienes asisten a comedores y merenderos comunitarios, luego de nueve meses de litigio contra el Estado Nacional.
Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe, una ONG ubicada en la Villa 21-24 de Barracas, asegura que la post pandemia fue muy fuerte y acrecentó la emergencia sanitaria en el barrio, ya que obligó a la gente a buscar apoyo en los grupos comunitarios y en las parroquias. “Se bajó la calidad de la atención que se brindaba a nivel de recursos estatales, entonces las personas vieron cómo se modificó el sistema de acceso. Para sacar un turno en el centro de salud del barrio, uno tiene que ir a las 3 de la mañana. Si una persona está sola y es mayor, imagínate lo gravoso de la situación”, afirma.
Según describe Florentín, se agravó en general la situación de las personas que antes recibían un plan social y aumentó la cantidad de comensales en los comedores comunitarios. Esta realidad, sumada a la falta de trabajo, creó un contexto desigual en el que los recursos comenzaron a escasear, no sólo los bienes necesarios para sobrevivir, sino también los recursos humanos que ayudaban a sostener este tipo de organizaciones.
La directora de Misión Padre Pepe evalúa que es necesario costear proyectos a largo plazo que modifiquen integralmente la calidad de vida de los vecinos. “Los proyectitos no sirven, te sirven en el momento, en una crisis y después ya está. Pero los proyectos a largo plazo, incluso programas del Gobierno de la Ciudad que se están cerrando, también afectan el trabajo cotidiano de la organización”, concluye, con la esperanza de que la realidad de muchas personas pueda mejorar.
Edición: Rocío Lastra