Por Camila Chiabrando
En la sesión que cerró el año legislativo, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de Ley de Alquileres, que ahora pasará al Senado. La normativa se aprobó por amplia mayoría: 191 votos afirmativos, 0 negativos y 24 abstenciones.
El proyecto establece que la extensión de un contrato será de dos a tres años y que se aplicará una actualización anual de los precios basada en el promedio del aumento de salarios e inflación, combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el índice de Remuneración imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Otra de las modificaciones importantes que plantea es la posibilidad de que los inquilinos puedan presentar otras garantías como seguro de caución, certificados de ingreso o recibos de sueldo. También se estableció que todos los contratos deben registrarse en la AFIP, con lo que se evitaría la evasión impositiva.
El proyecto también contempla la posibilidad de que los inquilinos interrumpan con anticipación del contrato para abandonar la vivienda. De esta manera, no tendrán que abonar indemnización si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo y al menos seis meses de contrato.
El germen del proyecto que ayer obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados había sido presentado a principios de 2016 en el Senado de la Nación por la Federación de Inquilinos Nacional, y reunía gran parte de los reclamos de aquellos que alquilan, porque reducía la inequidad entre propietarios e inquilinos. La iniciativa en cuestión fue discutida en distintas reuniones de comisión del Senado, en donde se incluyeron modificaciones y luego se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año.
En Diputados, el proyecto permaneció frenado por mucho tiempo. Recién se discutió en octubre de 2018, cuando el presidente Mauricio Macri reconoció la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Alquileres y solicitó a su bloque parlamentario que impulsara ese debate en Diputados.
Luego de idas y vueltas, el proyecto, que contaba con media sanción de Senadores, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de Diputados. Sin embargo, por presión del mercado inmobiliario y por desacuerdos dentro del oficialismo, no llegó a tratarse en el recinto antes de la finalización de las sesiones ordinarias y perdió estado parlamentario.
Ante esta situación, en 2019 la senadora Silvina García Larraburu ingresó nuevamente el proyecto de ley con las modificaciones que habían sido consensuadas durante la última discusión en comisión. “Más de ocho millones de inquilinos en todo el país esperan en un contexto de crisis generalizada por el que deben adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario”, explicó Larraburu. “Actualmente las familias argentinas viven en constantes mudanzas, dado que las locaciones han incrementado sus precios y padecen una serie de abusos ante los cuales están indefensos”.
El dictamen reúne tres proyectos impulsados por los diputados Agustín Rossi, Daniel Lipovetsky y Felipe Solá, y contempla, entre otros puntos favorables para los inquilinos, que el depósito en garantía sea de sólo un mes y con un monto no mayor al primer mes de alquiler y que las expensas extraordinarias sean abonadas por el propietario, incluso aquellas que se liquidan como ordinarias.
Además, a través del Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados y aquellas familias que no pueden acceder a un sistema de garantías, se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas, lo que dará pie a la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.
Inquilinos unidos, inmobiliarias preocupadas
Inquilinos Agrupados es una asociación civil cuyo principal objetivo es defender los derechos de quienes alquilan. “Partimos de la premisa de que en el mercado de alquileres todos los actores están organizados y representados, menos los inquilinos”, explican en su página web. “Los propietarios y las administraciones de consorcio tienen sus cámaras, las inmobiliarias su colegio y los encargados su sindicato. En este sentido, decidimos organizarnos y emprender acciones concretas y progresivas con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda digna en calidad de alquiler”.
De parte de las inmobiliarias y a medida que el proyecto avanzaba,la incomodidad ante la posibilidad de que la ley se sancionara no tardó en hacerse notar. Varios agentes inmobiliarios afirman que los precios de los alquileres pueden subir notoriamente, ya que, aseguran, los propietarios se encuentran “muy desfavorecidos” con las medidas propuestas en el proyecto.
“No estamos seguros de cuánto va a ser el impacto, pero no va a ser favorable y también creo que es un proyecto de ley que no ha sido consensuado con gran parte del sector inmobiliario, apunta a mirar solamente a una de las partes”, considera Hernán Rodríguez, dueño del complejo inmobiliario Sión, de la localidad bonaerense de Canning. “Para quien hace la propiedad no es justo. Uno de los problemas que afronta la Argentina es la falta de créditos y esto es un problema porque hay mucha demanda de alquileres y con este tipo de leyes se logra esconder. El arrendatario hace un gran esfuerzo para invertir y más en un contexto de crisis, pero con este dictamen la inversión queda en un segundo plano”.
