Por Federico Müller
Tucumán es la única provincia donde fue electo democráticamente un represor para el cargo de gobernador. Hasta el día de hoy, el partido que ayudó a fundar Antonio Bussi (Fuerza Republicana) cosecha un importante caudal de votos en cada elección.
En 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, a través del decreto 261/75, ordenó al Ejército “neutralizar” o “aniquilar” a los “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. Esto dio origen a la operación militar conocida como Operativo Independencia, calificada por la Justicia como el primer episodio de terrorismo de Estado, a la vez que preludio de la forma de operar que adoptaría la dictadura cívico-militar de 1976.
A cargo del operativo estaba, entre otros, el general Antonio Domingo Bussi. Dueño de una eficiencia sádica probada en los estrados de la Justicia, Bussi se encargó de organizar el funcionamiento de los centros clandestinos de detención provinciales, así como también de aplicar tormentos y vejámenes a sus víctimas.
Lejos de ser condenada, la efectividad de Bussi le mereció el máximo reconocimiento de la Junta Militar que por entonces comandada por Jorge Rafael Videla, quien lo designó gobernador de Tucumán en 1976, cargo que desempeñó hasta 1977. Videla tampoco era ajeno a la necesidad de un “hombre fuerte” en Tucumán: le había tocado ser interventor de facto de la provincia durante un breve período en la dictadura de Onganía.
Como quedó probado en los juicios llevados en su contra, Bussi se encargó de realizar un sistema de rotaciones entre los grupos de tareas provinciales para asegurar que no pudieran ser descubiertos. Varios sobrevivientes de esos centros afirmaron que Bussi participaba habitualmente de las torturas y ejecuciones clandestinas.
Bussi dejó su marca en Tucumán. Mientras que para muchos era un hombre “pesado”, para quienes no habían vivido de cerca los crímenes de la dictadura se trataba de la clase de persona que se necesitaba para restablecer el orden de una provincia pobre y que había sufrido los picos de la actividad guerrillera en las décadas del 60 y 70.
Una vez recuperada la democracia, Tucumán atravesó períodos turbulentos, signados por las carencias económicas y las crisis institucionales. En 1987, por citar un ejemplo, José Domato (PJ) le ganó la gobernación a Rubén Chebaia (UCR) a pesar de que el radical había sumado más votos. Es que en esa época se utilizaba el sistema de Colegio Electoral, es decir, se votaba cantidad de electores y no directamente candidatos. En ese contexto, Domato pudo negociar su consagración como gobernador con fuerzas minoritarias, entre ellas la de Bussi.
El gobierno de Domato fue débil y marcado por graves problemas económicos que llevaron a un verdadero alzamiento popular. La tranquilidad llegó cuando el recientemente electo Carlos Menem decidió la intervención federal de la provincia, mientras tras bambalinas realizaba gestiones para lograr que el músico Palito Ortega regresara a la Argentina para competir por la gobernación.
El cantante volvió y ganó la gobernación en unas elecciones cabeza a cabeza con el represor. Sin embargo, ni el carisma ni la felicidad de Ortega fueron suficientes para garantizarle otra victoria al peronismo: en 1995 Antonio Bussi accedió, esta vez por los votos en lugar de las botas, a la gobernación de Tucumán.
En 1999 el peronismo logró arrebatarle la gobernación a Bussi, quien había enviado a su hijo Ricardo a competir por el cargo, y desde entonces el PJ gobierna la provincia. Se pueden destacar como últimos hitos de la historia electoral la doble reelección de José Alperovich, quien gobernó Tucumán entre 2003 y 2015.
En junio de este año Juan Luis Manzur logró su reelección. El ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había ganado la gobernación en 2015 en una elección que su principal oponente, José Manuel Cano, tildó de fraudulenta. Recién en 2017 la Corte Suprema de Justicia convalidó la elección de Manzur.
