Por Natalia Villarruel y Julián Carlotto
“Con distintas herramientas de ejecución, el lawfare y el Plan Cóndor tienen en común la necesidad de instalar un modelo de producción económico de exclusión en detrimento de las economías productivas y las conquistas sociales. En la última dictadura militar argentina, y en los distintos países de Latinoamérica, lo hicieron a través de la represión militar con la intención de desarticular los movimientos sociales y gremiales que sostenían esas conquistas y, en la última década, con el disciplinamiento de los referentes políticos de mayorías a través de las causas judiciales o de la simple y llana proscripción por la inhabilitación”, afirma la abogada laboralista Natalia Salvo.
De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Plan Cóndor tiene su acta de fundación fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El documento brindó cobertura institucional a muchas de las actividades, relaciones y prácticas de inteligencia y represivas que los países latinoamericanos ya desarrollaban de modo bilateral. En el texto quedó documentado el comienzo de la cooperación formalizada entre las agencias de inteligencia del Cono Sur: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.
Salvo señala que “las dictaduras latinoamericanas fueron el principio del neoliberalismo que se consolidó en los años 80 a nivel mundial”, y que utilizó a las fuerzas armadas como un sistema de coordinación represivo de persecución y eliminación sistemática de militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles.
Gregorio Dalbon es el abogado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en diálogo con Publicable ensayó una descripción del lawfare: “En conjunto con algunos medios de prensa, la mesa judicial empieza a armar causas a opositores políticos y logran dar golpes blandos como sucedió en Brasil con Dilma Rousseff o en Paraguay con Fernando Lugo. Estas situaciones ya no necesitan de armas, ni militares, solo necesitan parte del poder judicial. Este Plan Cóndor 2 ya no necesita de la violencia, sino que la violencia se ejerce a través de la Justicia, los medios hegemónicos y el poder real”.
Según el Observatorio de Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora a jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia local y extranjeros. Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes; persecución y amenaza a familiares; situaciones de exilio y refugio político; manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos.
En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador y Venezuela, vinculados con gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
“Con la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, con más de veinte causas con llamados a indagatoria en la fecha donde había fallecido su marido o en los cumpleaños de sus nietos, de alguna manera tratan, no solo de soslayar la figura de Cristina, sino también de cansarla para que ella diga que no quiere saber más nada con esto, apartarla a otro ámbito para que no se dedique más a la política”, plantea Dalbon.
Consultado por las diferencias entre las experiencias vividas en los distintos países de Latinoamérica y la actualidad argentina, Dalbon afirma que “el pueblo argentino no es un pueblo manso y, siempre dentro de la paz, va a manifestarse para acompañar a su líder. Entiendo que mucha gente odia a Cristina pero somos muchos más los que la queremos y no vamos a permitir que se salgan del sistema democrático judicial para imprimir una condena injusta sobre ella”.
“Cuando el pueblo tiene que expresarse ante cuestiones vinculadas con la justicia, se moviliza al Palacio de Tribunales. Hoy es necesario manifestarse para decirles a los jueces que, por favor, dejen de tener el descreimiento del 80 por ciento de la población, ya que ese nivel de cuestionamiento sobre uno de los tres poderes del Estado complica la existencia de aquella palabra que tanto le gusta a la oposición, la república”, concluye el abogado.
