Por Natalia Villarruel
“El Poder Judicial está construyendo poder político, aunque tienen una expresa prohibición de hacerlo. Los jueces se han apartado del discurso jurídico y han dejado de ser imparciales porque tienen un interés más allá de ejercer justicia y nos han dejado de garantizar los más mínimos derechos”, dice Graciana Peñafort, abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación.
El Judicial es uno de los tres poderes que conforman el Estado, su deber es administrar la justicia de forma independiente del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es el único en el que sus miembros no son elegidos por el voto popular. En los últimos años su imagen se ha desprestigiado y generado desconfianza por parte de la sociedad. Según la última encuesta de la consultora Reyes, el 73% de los encuestados desconfían del funcionamiento de la Justicia y el 66% no cree en su independencia.
En medio del proceso de intento de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que pretende aumentar el número de integrantes de cuatro a quince y ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, Peñafort reafirmó la necesidad de lograr la reforma. “La actual Corte Suprema tiene menos integrantes de los que debería, son cuatro hombres, ninguna mujer y no hay una composición plural de ningún tipo, ya se sabe cómo van a resolver porque lo hacen como si fuera un club de trueque de sentencias. A mí me parece que esta Corte es un mamarracho, sacan fallos como cambian figuritas, es necesaria una Corte que analice y resuelva, cosa que esta no hace. Cualquier ampliación que dé mayor nivel de discusión a los temas va a ser algo muy bueno para todos los argentinos, me parece una gran iniciativa y celebro que tenga media sanción”, señala.
Peñafort fue parte de la creación de la Ley de Medios promulgada en octubre de 2009 y fue la defensora del ex canciller Héctor Timerman en la causa por el Memorando con Irán. También trabajó en las defensas de Cristina Kirchner, Amado Boudou y Roberto Baratta y, con una larga participación en la justicia argentina, se convirtió en una referente en la materia.
Las causas de corrupción que acusan a políticos en la región han tomado protagonismo en los últimos años y generaron polémica respecto al proceder de la Justicia. Sobre esto, Peñafort alertó que si los jueces inhabilitan a un político para ejercer su función -como pasó en Brasil con Lula o puede pasar en Argentina con Cristina- nos están privando de elegir a quien queremos. “Cuando se afecta un poder del Estado, se pone en jaque la democracia, y en la Argentina está en jaque”.
—¿Por qué cree que la sociedad no participa en los temas que involucran al Poder Judicial como sí lo hace con el Legislativo y el Ejecutivo?
—Desde cierto sector de la política y algunos medios de comunicación se intenta instalar que a la ciudadanía no le interesan los temas del Poder Judicial, pero eso es un error porque todos nosotros en algún momento vamos a pasar por este poder que no garantiza justicia bajo ningún aspecto. La gente lo siente lejos y ese sentimiento es real, a los jueces no se les conoce la cara, y esa es una estrategia del Poder Judicial: mantenerse al margen y plantear la idea de que esto le importa sólo a los políticos. Hay una profunda indiferencia de la sociedad, la única vez que yo vi algo no indiferente fue con el 2×1 (NdR: en 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable a personas condenadas por delitos de lesa humanidad la llamada ley de 2×1, según la cual luego de los dos primeros años de prisión preventiva se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión), cuando el pueblo se manifestó en la plaza en contra de esa medida. Al parecer, la solución puede venir únicamente a través de la movilización popular, es lo único que vi que le prestaban atención. Se supone que la justicia tiene un paño que le cubre los ojos, pero en el caso de la Argentina bien que se levantan el paño y ven perfectamente a quién le están aplicando la norma y lo hacen como se les da la gana. Esta Justicia no garantiza ningún equilibrio, el sistema tiene una falla sistémica.
—En 2015 el ex presidente Mauricio Macri dictó el Decreto 83/2015, mediante el cual designó en comisión a los Jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como magistrados de la Corte, ¿que opiná de este accionar del poder político en el judicial?
—El macrismo tuvo mucho que ver con la inserción del poder político en el Poder Judicial y hacer de éste un club de amigos en el que jueces iban a jugar al paddle con el ex presidente. Dejaron de existir las reglas mínimas de comportamiento, los jueces desconocieron la Constitución y aceptaron ir a la Corte por decreto, cosa que ellos mismos dijeron que era inconstitucional, pero como se les jugaba el poder, aceptaron. Es un momento de degradación total, pero no podemos enojarnos con los jueces, tenemos que cambiarlos, no podemos ir a ningún lado con este Poder Judicial. No podemos normalizar lo que hicieron en los últimos años con la Justicia, hay que garantizar el Estado de derecho que incluye respetar el principio de inocencia, el derecho al buen nombre y al honor, el derecho a defensa y el debido proceso para todos.
—El 26 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación Argentina rechazó el artículo incluido por el oficialismo en el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla que los integrantes del Poder Judicial deben pagar impuesto a las ganancias con la justificación de que no se debe modificar la ganancia de los jueces ya que condicionaría su comportamiento.
—La resolución que los exime de pagar ganancias se explica más como otro privilegio que como una cuestión razonable, es muy poco solidario en términos fiscales, son algunos de los jueces con los mayores sueldos de la Nación. Esto se acordó en la Corte Suprema sin juicio, simplemente lo resolvieron y no les cabe el impuesto a las ganancias, interpretando que eso afectaba la intangibilidad de sus remuneraciones, pero la realidad es que todas las remuneraciones tienen un régimen de intangibilidad. Estoy segura de que hay un trasfondo de poder porque, más allá de lo que dicen que piensan, tienen todo el lobby judicial bancando. Lo que están sosteniendo con esto es un poder político con su base, nadie se anima a meterse con los jueces y todos mantienen este sistema de privilegio injusto. Si el Estado va a cobrar ganancias al resto de los argentinos no veo por qué habría que eximir a los jueces. Es otra arista de un mal funcionamiento y de una Justicia que, parece, sólo defiende sus privilegios y no la Constitución y las leyes.
