Por R. Costa García, V. González Oddi , J. Stragá y B. Báez
Carlos Saúl Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989. En aquel momento, el país se encontraba en una profunda crisis económica producto de la hiperinflación sufrida sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Las políticas económicas adoptadas por Menem, en el afán de sacar el país adelante, sólo consiguieron hacer crecer aún más la deuda externa y pasar a manos de capitales privados o extranjeros las empresas públicas más importantes a través de la Ley de Reforma del Estado (Ley N° 23.696), sancionada apenas 40 días después de tomar el cargo.
La teoría privatista se sustentaba en algunos de los siguientes principios: el Estado no podía hacerse cargo de las inversiones requeridas por las empresas públicas, y las mismas debían pasar a competir en el mercado. Se debía eliminar la política de subsidios y, con lo capitalizado, se suponía que podría reducirse la deuda externa. Finalmente, se aducía que el capital privado podría invertir en adelantos técnicos superiores a los que podría brindar el Estado.
“Las privatizaciones fueron hechas de una manera muy rápida, muy vertiginosa, muy abrupta y muy poco transparente; por lo tanto, la corrupción fue una señal característica a lo largo de toda la década del ’90”, aseguró el historiador Eduardo Minutella en una entrevista para Diario Publicable. Con respecto a la repercusión de las medidas privatistas tomadas por Menem, agregó: “La consecuencia fue una oleada de desempleo, que generó la quiebra de empresas privadas, fábricas y PYMES. Además, el achicamiento del Estado que lideró el gobierno de esa época también concluyó en innumerables despidos que provocaron que muchas familias cayeran a un nivel de exclusión económica muy considerable”.
Carlos Menem, las privatizaciones y la Reforma de Estado.
Al igual que en otros países, se produjo una apertura económica con la que se buscaba insertar al país en los distintos mercados internacionales. Además, el proceso de integración regional a través del Mercado Común del Sur (Mercosur) trajo como consecuencia que las actividades orientadas a la exportación adquirieran renovada importancia. El presidente Menem, surgido del Partido Justicialista, contaba con el apoyo de varios sectores políticos para la aplicación todas estas medidas económicas.
Juan Bojanovic, empresario textil durante la década de los ’90, analizó las consecuencias de las políticas económicas de la época y aseguró que más allá de todas las críticas, hubo cosas positivas y negativas. Entre los aspectos positivos, Bojanovic destacó el sentimiento de modernidad, ya que desde su lugar de empresario pudo viajar por el mundo con mayor facilidad. Además, remarcó la importancia de la apertura de las importaciones, que permitió mejorar el nivel de las industrias. Asimismo, dentro de los aspectos negativos, el ex empresario, consultado por Diario Publicable, dijo: “La aparición de empresas internacionales generó que el empresariado nacional no quiera competir y dejó a muchas familias en la calle, creo que Menem cometió un error muy grande al no proteger a esos obreros”.
Dos años después de la asunción de Menem, con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, se impulsó la Ley de Convertibilidad (Ley 23.928), sancionada el 27 de marzo de 1991 en el Congreso, la cual supuso la igualdad del peso y el dólar. El mismo ministro facilitó todavía más la importación de productos del exterior y fomentó la privatización de empresas estatales.
“Cavallo logró estabilizar la economía, reducir la inflación, pero con un costo altísimo; es cierto, la inflación se comía el salario de los trabajadores, pero luego se tomaron medidas como la apertura abrupta de importaciones que redujeron/contuvieron los precios, pero a costa de la quiebra de muchísimas empresas a nivel local”, afirmó Minutella.
La privatización del Correo Argentino se llevó a cabo el 1 de septiembre de 1997. Con la excusa de un correo de primera línea y moderno, el ex presidente Menem le cedió la prestación de los servicios postales a la Sociedad Macri (SOCMA), a través del decreto 265/1997, que convirtió al Correo en uno de los primeros servicios postales del mundo en ser privatizados.
Al momento de negociar la licitación, el Grupo Macri ofertó un 40 por ciento mayor que el resto de los postulados, llevándolo a ganar directamente la concesión del Correo. Además, había prometido mejorar el servicio postal de los argentinos sin aumentar sus tarifas. Sin embargo, el Correo nacional pasó a estar entre los más caros del mundo. En el 2000, un informe de la Defensoría del Pueblo nacional indicaba la “pérdida de calidad operativa” del Correo, ya que sus servicios no eran eficaces y se encontraban por encima del valor estipulado.
UNA CONCESIÓN POR 30 AÑOS
La concesión se firmó por 30 años, y sostenía que la sociedad debía pagarle al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. El acuerdo fue respetado solo durante los primeros años de gestión de SOCMA; luego, el Grupo Macri dejó de pagar el canon y la deuda aumentó a 206 millones de pesos. El atraso en el pago, supuestamente, era debido a inversiones en equipamiento y tecnología que finalmente no se cumplieron. Hoy en día, la deuda creció a 257 millones de pesos ya que SOCMA había dejado de pagar desde 1999.
Comenzó una fuerte política de reducción en la planta del Correo, que implicó alrededor de 5 mil despidos y el cierre de 100 sucursales. Asimismo, se eliminó el 25 por ciento de toda la planta y se promovieron políticas de desafiliación entre empleados debido a un exceso de delegados sindicales. En esa ola de despidos sin fin, el gobierno menemista fue el encargado de indemnizar a aquellos que habían aceptado un “retiro voluntario”.
En menos de cuatro años, el Correo pasó de tener 20 mil trabajadores a solo 12 mil, lo que llevó a un principio de resistencia y protestas por parte de los empleados, debido a que habían sido sobreexigidos laboralmente. Sin embargo, sus reclamos no fueron escuchados y su capacidad de lucha fue reducida.
En 2001 el Correo era una empresa deficitaria, y bajo el gobierno de Fernando de La Rúa entró en concurso preventivo para evitar la quiebra y renegociar su deuda.
Con la llegada de Néstor Kirchner y el cambio de políticas económicas, el Correo Argentino fue la primera de las empresas reestatizadas a partir del 2003 a través de la resolución “129/2004. A 20 años de ser privatizada y a 14 de volver a ser gestionado por el Estado, el presidente Mauricio Macri, intentó condonarle el 98,82 por ciento de la deuda total a SOCMA, la empresa que él mismo integró. Sin embargo, muchas fueron las críticas que rondaron a la decisión del Gobierno y el mandatario tuvo que dar marcha atrás y volvió la causa a foja cero.
