Por V. Rodríguez, A. Clavijo y G. Stancato
Apenas pasadas las 4 de la madrugada del jueves 30 de diciembre de 2020, miles de mujeres apretadas bajo paraguas y con barbijos pandémicos puestos se unieron en un abrazo único cargado de llanto y emoción. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito se había convertido en ley en Argentina tras años de lucha y había pasadoó a la vitrina de los derechos “conquistados”. Desde ahí, hinchó pechos en discusiones y enalteció pañuelos verdes colgados en las mochilas de mujeres de todo el país. A cuatro años de la sanción, Clara y sus amigas también lloran: aún hoy, la ley no garantiza un acceso.
“Solo para la ecografía me daban turno a dos meses. Ese fue el primer gran obstáculo y es desesperante, no podés esperar los tiempos de la obra social”, expresa Clara, quien a un año de atravesar una interrupción de embarazo comparte su experiencia. Quiere visibilizar la realidad: este derecho, que muchos creían ya conquistado, sigue siendo motivo de lucha. Lo hace con la esperanza de que otras personas encuentren un camino más justo y compasivo.
“En una ecografía de control pedí que no me hicieran escuchar ni ver nada”, cuenta Clara. “La profesional me respondió: ‘Eso vos no lo elegís’. Esa fue la primera vez que me sentí juzgada, y no fue por mi entorno. Me sentí abandonada por el sistema. Eso también duele. Después del procedimiento tuve una hemorragia severa. Fui a la guardia de mi obra social, donde me derivaron a obstetricia. Ahí me dijeron: ‘Vos ya no estás embarazada, no te podemos atender’. Era viernes, 2 de la mañana, y yo seguía sangrando.”
La obra social de Clara, Osecac, nunca validó la receta: “Tuve que pagarla de mi bolsillo y buscar farmacias que la vendieran, porque muchas cadenas eligen no comercializarla”. A comienzos de junio, Defensa al Consumidor multó a la empresa de medicina prepaga Omint con una suma de cinco millones de pesos por negarle el acceso a un aborto legal en una de sus clínicas a una mujer que atravesaba un embarazo de once semanas de gestación. Esto sucedió ante la negativa del médico obstetra que la había atendido en la Clínica Santa Isabel.
La falta de insumos también es una forma de violencia. Negar herramientas y apoyo, tanto a quienes garantizan derechos como a quienes los necesitan, es obstaculizar y vulnerar un proceso que de por sí ya es difícil. Aunque la Ley 27.610 sigue vigente, su aplicación está en riesgo porque se están recortando lo recursos necesarios para que funcione de forma adecuada. Algunos programas, como el Plan ENIA, que redujo un 50 por ciento el embarazo adolescente entre 2018 y 2021 y duplicó el acceso a la información entre 2020 y 2022, enfrentan un claro desmantelamiento.
Desde la asunción del actual gobierno, el 10 de diciembre de 2023, se ha interrumpido la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE. Sin financiamiento ni estrategia de transición, el gobierno nacional descargó la responsabilidad del acceso en los gobiernos provinciales, lo que agudizó las desigualdades territoriales. En consecuencia, “más de la mitad de las provincias ha informado la falta de stock de misoprostol y, casi la totalidad reporta desabastecimiento de mifepristona y combipack. Ello se ve agravado por la reducción del 81 por ciento en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias, entre el año 2023 y 2024″, según el informe de Amnistía Internacional titulado “También es por vos: defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas”.
Clara accedió al procedimiento por vía privada, con un alto costo económico y emocional; eso habla de un sistema desigual y un acceso únicamente para quienes pueden pagarlo. Sin cobertura real por parte de su obra social, debió buscar turnos en clínicas de provincia para evitar más demoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de información y el maltrato del personal médico en el sector privado contrastaron con el cuidado que recibió en el sistema público: “Los residentes del hospital público me abrazaron física y emocionalmente. Me explicaron, me cuidaron, me ofrecieron información para seguir con la anticoncepción. Esa humanidad no la encontré en todo el proceso anterior”.
En conclusión: el derecho está, pero el acceso no. El acceso al aborto legal en Argentina depende hoy, en gran parte, del esfuerzo individual y del compromiso de profesionales y redes feministas que sostienen derechos en condiciones precarias. Mientras el Estado se retira, se profundizan las desigualdades: geográficas, económicas y simbólicas.
