Por Marina Daniela Kempner
El 19 de diciembre se cumplen veinte años del comienzo de una de las peores crisis sociales, económicas y políticas que vivió la Argentina, en la que murieron 39 personas y hubo decenas de heridos, víctimas de la desenfrenada represión que se desató en las calles de todo el país en el medio de manifestaciones multitudinarias, saqueos, robos y descontrol.
Uno de los principales desencadenantes del estallido fue el “corralito”, impuesto el 2 de diciembre de 2001 por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que impedía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Las huelgas y los cortes de calles que se llevaron a cabo durante varios días consecutivos fueron el motivo para que el presidente Fernando de la Rúa estableciera el estado de sitio el 19 de diciembre. A partir de entonces, todo fue caos y dolor: la gente salió a las calles masivamente bajo el lema “¡Que se vayan todos!”.
Carlos “Petete” Almirón tenía 24 años cuando fue asesinado por la Policía Federal, de un disparo en el pecho, con una escopeta 12/70, en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, en pleno centro porteño. Era militante de Correpi y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo, e integró la agrupación política Movimiento Independiente de Revuelta Popular.
“El 19 habíamos decidido manifestar. El 20, Carlos salió con la gente del barrio Villa Sapito, de Lanús. A las seis me llamaron y me dijeron que le habían disparado y que lo estaban operando en el Argerich. Fueron unos compañeros y, cuando llegaron, les avisaron que le iban a hacer la segunda intervención. Y falleció”, recuerda Natalia, amiga y compañera de militancia. “Carlos fue por una convicción política, no fue como uno más”, define. A la hora de adjudicar responsabilidades por el asesinato de Almirón, Natalia no lo duda: “Fue el Estado”.
Diego Lamagna tenía 27 años cuando fue herido de muerte en el mismo operativo represivo que Almirón, mientras se manifestaba en Tacuarí y Avenida de Mayo: “Diego había observado los movimientos previos al 19 y 20, tanto en el barrio como en la televisión. El día 20 le dijo a mi mamá que la situación no daba para más. Se fue y nunca volvió. No dijo a dónde iba. Nos enteramos de su asesinato por la tapa del diario Clarín del 21”, relata Karina Lamagna, hermana de Diego.
El 20 de diciembre, en medio de la crisis y del estallido social, De la Rúa renunció a su cargo y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Esto provocó una inestabilidad institucional que quedará en recuerdo históricamente: Argentina tuvo cinco presidentes en once días. El Congreso de la Nación designó primero de manera provisoria a Ramón Puerta, titular del Senado; el 23, la Asamblea Legislativa proclamó en el cargo a Adolfo Rodríguez Saá, que anunció que mantendría el “corralito”, provocando una nueva revuelta social y su renuncia. El 30 asumió Eduardo Camaño, titular de la Cámara de Diputados, y, finalmente, el 1 de enero asumió la presidencia Eduardo Duhalde.
“Lo bueno hubiera sido que se resolviera la continuidad de Fernando de la Rúa, pero no fue así. Él no estaba en condiciones de gobernar y el partido pidió que renunciara”, explica Camaño, y rememora sus 48 horas a cargo del Poder Ejecutivo: “Pasé momentos muy difíciles; que yo fuera presidente no fue lo mejor, pero asumí la responsabilidad para llevar adelante el país. Hablé con todo el mundo para ver si se podría resolver la crisis, pero hacía falta un hombre con poder, que institucionalmente conociera el manejo de la política nacional, como Duhalde”.
En 2012, el juez Claudio Bonadío sobreseyó a De la Rúa por la represión a los manifestantes. El magistrado y el ex presidente fallecieron, y los familiares de los muertos siguen esperando justicia. Algunos responsables fueron juzgados y otros apelaron sus condenas, pero las imágenes de lo sucedido hace veinte años quedarán para siempre grabadas en la retina de los argentinos.
