Por Luz Moreno
El Congreso español aprobó la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual mediante una reforma del Código Penal que establece que las víctimas de abuso no necesitan demostrar que fueron forzadas a tener relaciones. Si su consentimiento no fue dado será considerado violación.
Previamente a la aprobación de la ley, se percibía como agresión a los casos en que se pudiera comprobar que había mediado la fuerza o la intimidación. A partir de ahora esas pruebas no serán necesarias ya que la nueva ley establece que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
La ley fue aprobada con 205 votos a favor luego de dos años de haber sido presentada. En mayo de 2022 había sido aprobada por la Cámara de Senadores pero se había pausado su votación en el Congreso por errores de tipeo. Toda la cámara votó a favor de la ley menos el Partido Popular y Vox.
Los contenidos de la norma incluyen también eliminar la diferencia entre abuso sexual y violación, tipifica el acoso callejero, considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y castiga a quien comparta imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin su autorización.
La denominada Ley “Solo sí es sí” es considerada como un derecho adquirido para la liberación sexual de las mujeres por los movimientos feministas europeos pero ha ganado mucha atención del público por las críticas que manifestaron abogados y jueces respecto de cómo la ley no beneficiaría a las víctimas de abuso o violación. Estos testimonios en particular fueron utilizados por el partido Vox, reconocido por sus ideologías conservadoras, como punto de partida para criticar el feminismo y sus representantes en el gobierno, por ejemplo Irene Montero, ministra de Igualdad que impulsó la ley, y Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer.
Los juristas que se oponen a la ley creen que no generará una verdadera diferencia en el procesamiento de un caso de violación, que las víctimas se encontrarán en el mismo lugar que antes y que se debería, en cambio, trabajar para formar un mejor acompañamiento a las víctimas. Una de las representantes de Vox que ha utilizado el argumento de los que se oponen a la ley es Carla Toscano, del Congreso de los Diputados de España.
Edición: Emiliano Attadía
